La imparcialidad de los estados y la industria del software
Últimamente estamos viendo algunas iniciativas de promoción del uso de software libre por parte de algunas administraciones públicas. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Francia, Alemania, Finlandia, Perú, Colombia, España y Corea. En unos casos se han quedado en simples propuestas, en otros han avanzado hasta convertirse en recomendación, ley, plan de implantación, o cualquier otra cosa. Pero en general estas propuestas han provocado un debate sobre si el estado, o cualquier administración pública, debe o no promover el software libre. Se habla de libre competencia, de que el mercado decida, de que el estado no debe favorecer a unas empresas en lugar de otras, etc., etc.
Después de varios meses de seguir (y participar en) estas polémicas, me ha dado por contemplar el asunto desde otro ángulo, poniéndolo en un contexto más amplio. En estas notas os cuento lo que he visto desde ahí.
De cómo los estados no son imparciales
Uno tiende a pensar que los estados son fundamentalmente imparciales con respecto al funcionamiento del sector de software. A primera vista es un mercado libre, en el que cualquier empresa o particular puede comprar y vender programas. Aparentemente, los precios los fija libremente el propio mercado, y salvo algunos detalles de los que hablaremos más tarde, los estados no parecen dar ventajas a unos modelos de negocio frente a otros, ni a unas empresas frente a otras.
Sin embargo, cuando uno analiza la situación con más cuidado, esta supuesta imparcialidad queda bastante maltrecha. Porque son los estados los que están dictando el modelo de negocio a la industria del software, o al menos están dando ventajas muy grandes a ciertos modelos de negocio frente a otros. Y al hacerlo, están marcando también la estructura del sector informático y las características de las empresas que mejor pueden desenvolverse en él.
¿Cómo ocurre esto? Entre todas las funciones que desarrollan los estados, hay una que es muy importante: la legislativa. No olvidemos que son los estados los que dictan (por medios democráticos o no) las reglas del juego que todos jugamos, y los que se encargan luego de hacerlas cumplir.
¿Cómo ejercen los estados esta función en el caso del software? Fundamentalmente, reglamentando lo que normalmente se denomina propiedad intelectual (derechos de autor) y en algunos casos, también la propiedad industrial (patentes). Si esta legislación no existiera, los usuarios podríamos copiar libremente los programas que recibiésemos, y en general, disponer de los ellos como nos pareciese conveniente, sin más limitaciones. No tenemos posibilidad de hacer lo que queramos con un programa propietario que recibamos sólo porque los estados han legislado que sus autores o productores puedan prohibirnos total o parcialmente hacer este tipo de cosas.
Para evitar malos entendidos, es importante también darse cuenta de que la situación es muy diferente de la que afecta a la propiedad de los bienes materiales. Si compras un pastel, o te lo comes tú o se lo das (o vendes) a otro. Pero no puedes comértelo y regalarlo (o venderlo) a la vez. Por eso, la propiedad privada de los bienes materiales es un asunto, y la de la información es otro bien distinto. Tú puedes recibir un programa, copiarlo y regalárselo (o vendérselo) a alguien, y después, tranquilamente, seguir usándolo. Como el coste de la copia es hoy día ridículo, en la práctica podemos ignorarlo en la mayoría de las situaciones.
Haya o no legislación que favorezca a la propiedad privada de los bienes físicos, quien los use no estará muy contento si otro trata de usarlos en su lugar sin darle nada a cambio. El estado aquí regula una situación que en caso contrario puede dar lugar a conflictos, ya que hay intereses encontrados. Pero esto no ocurre en las transacciones relacionadas con la información, o al menos no de la misma manera. Por ello, el estado no está regulando sobre una situación conflictiva cuando nos prohibe, por ejemplo, la copia de un programa. Simplemente, está poniendo una reglas que favorecen un determinado modelo de industria.
Y las cosas podrían ser de otra forma...
Una vez nos hemos dado cuenta de que la situación actual es la que es solamente porque los estados han legislado en ese sentido, podemos pensar que, si la legislación hubiera ido por otros caminos, las cosas serían bien diferentes. El mundo podría ser de otra forma, y la industria del software también. Por ejemplo, no habría sido tan extraño que los estados hubieran decidido que para comercializar un programa fuera obligatorio dejar el código fuente a disposición de los clientes, y darles permiso explícito para corregir los errores que pudiera tener. Como se hace por ejemplo en el mercado inmobiliario, donde quien compra una vivienda tiene derecho a un plano donde se indique la situación de las canalizaciones, el cableado eléctrico, etc. Y naturalmente cualquiera puede hacer en su casa las modificaciones (no estructurales) que quiera, sin tener que pedir permiso al vendedor.
O podría haberse decidido que las empresas compitieran en los servicios, y por tanto no haber restringido el derecho de copia a los usuarios. En ese caso, el estado habría podido decidir que para comercializar un programa sería condición indispensable proporcionar su código fuente a todo el que lo pidiera, y no poner ningún impedimento a la redistribución. ¿Te suena este modelo? Efectivamente, los estados podrían haber decidido (podrían decidir dentro de un tiempo) que para comercializar un programa, este tuviera que cumplir condiciones similares a las que cumple un programa libre.
Visto desde este punto de vista, las legislaciones actuales difícilmente pueden considerarse como imparciales con respecto al modelo de negocio. De hecho, el modelo de negocio tradicional en el mundo del software-producto, la venta de licencias de uso limitadas (lo que adquirimos cuando compramos un programa propietario) sólo es posible porque se ha legislado de forma que lo sea. Y al hacerlo, no sólo el estado ha decidido que éste sea el modelo más popular, sino que ha hecho posibles consecuencias como que cuanto mayor sea el mercado donde se venden licencias, más beneficios se consigan (de forma casi directa: los costes aumentan poco, los ingresos mucho), o que haya empresas que detenten monopolios de facto en amplios nichos (los usuarios prefieren usar el producto mayoritario, nadie más que la empresa que lo produce puede proporcionárselo, y nadie puede competir proporcionando el mismo producto).
Aún hay más
La legislación sobre propiedad intelectual no es la única forma en que los estados están influyendo en la industria del software, o ayudando a que las empresas con éxito en esta industria sean de cierta forma. Un ejemplo, nada menos que del Foro de la Convención Europea, la institución que tiene el encargo de proponer una Constitución Europea1:
Notas a pie de página
- ... Europea1
- Tomado de http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/how_es.htm