¿Qué se hace con mi dinero?
En general, me preocupa cómo se gasta el dinero de mis (y tus) impuestos. Sí, soy un bicho raro de esos que paga su declaración de la renta más a gusto si cree que el dinero se emplea bien. O al menos, si cree que no se emplea mal...
Pero claro, de grandes partes del gasto público no entiendo nada. Así que en esos casos me es difícil decidir si las cosas se hacen como a mi me parece bien, porque no sé cómo me parece bien. Pero de algunas partidas sí entiendo. O al menos, creo que entiendo, y eso me basta para atreverme a escribir sobre ellas. Y en particular, lo has adivinado, me preocupa cómo se gastan las administraciones públicas mi dinero cuando hablamos de informática, y especialmente de software. Y cuando miro un poco, no me gusta lo que veo. Los responsables de todas las administraciones a las que pago (salvo contadas excepciones) parecen no haberse enterado de que hay más de una forma de hacer las cosas. Parecen ignorar que se puede gastar el dinero público que se dedica al software de una forma mucho más adecuada a las necesidades, y proporcionando un beneficio social mucho mayor. Y me preocupa sobre todo que, debido a esta ignorancia, todas las administraciones, desde mi ayuntamiento hasta la Comisión Europea, estén dejando pasar una oportunidad única. En lugar de promover un cambio que nos conviene a todos, son un factor de inercia. Naturalmente, me estoy refiriendo a la aparente ignorancia de casi todos los estamentos públicos sobre todo lo que tiene que ver con el software libre.
La informática y la administración
Las administraciones públicas actúan en el mercado del software al menos de tres formas:
- Comprando programas y servicios relacionados con ellos. Las administraciones, como grandes usuarios de informática, son un actor fundamental en el mercado del software.
- Promoviendo de diversas formas el uso (y la adquisición) de ciertos programas en la sociedad. Esta promoción se hace a veces ofreciendo incentivos económicos (desgravaciones fiscales, incentivos directos, etc.), a veces con información y recomendaciones, a veces por efecto ejemplo.
- Financiando (directa o indirectamente) proyectos de investigación y desarrollo que están diseñando el futuro de la informática.
En cada uno de estos ámbitos el software libre puede presentar ventajas interesantes tanto para la administración como para la sociedad en general. Sin embargo, raramente se considera apoyar, fomentar o siquiera tener en cuenta soluciones libres en alguna iniciativa concreta. Y esto nos está perjudicando a todos.
¿Cómo se satisfacen mejor las necesidades de la administración?
Las administraciones públicas son grandes consumidores de informática. En lo que al software se refiere, compran habitualmente tanto productos de consumo masivo (off-the-self1) como sistemas a medida.
En el primer caso, lo habitual es considerar sólo software propietario. La cantidad de recursos públicos que se gastan los ayuntamientos, las comunidades autónomas, la administración central y las administraciones europeas en comprar licencias de Microsoft Windows, Microsoft Office u otros productos similares es ciertamente considerable. ¿Por qué no se consideran, siquiera parcialmente, soluciones libres? ¿Realmente en ningún caso se puede usar GNU/Linux con GNOME o KDE y OpenOffice.org, por ejemplo? Y aunque técnicamente fuera imposible hacerlo ahora, ¿no deberían estar tomándose medidas desde hace tiempo para preparar el futuro?
Por ejemplo, con una fracción de lo gastado en dos o tres productos propietarios estrella por todas las administraciones europeas (o incluso las de casi cualquier estado), se podría promover un concurso público para que una empresa (o dos, o tres, o cuatro) mejorasen y adaptasen los programas libres ahora disponibles para que en el plazo de uno o dos años estuvieran listos para su uso masivo al menos para ciertas tareas típicas. Imaginad por ejemplo un esfuerzo coordinado, a nivel nacional, o a nivel europeo, para que todas las administraciones participasen en un consorcio que se encargase de la gestión de estos concursos. En poco tiempo habría una industria europea especializada en realizar estas mejoras y estas adaptaciones. Y las administraciones podrían elegir entre las tres o cuatro distribuciones libres producidas por esta industria. Para fomentar la competencia se podría recompensar económicamente a cada empresa según la cantidad de administraciones que eligiesen usar su distribución. Y todo el resultado de esta operación, al ser software libre, estaría también a disposición de empresas y usuarios individuales, que en muchos casos tendrían necesidades similares a las de las administraciones.
En el caso del software hecho a medida, el proceso normalmente pasa por contratar con una empresa los programas necesarios bajo un modelo propietario. Todo el desarrollo realizado a petición de la administración es propiedad de la empresa que lo desarrolla. Y normalmente la administración contratante queda atada a su proveedor para todo lo que tenga que ver con mejoras, actualizaciones y soporte, en un círculo vicioso que dificulta mucho la competencia y ralentiza el proceso de modernización de las administraciones públicas. Lo que es peor, en muchos casos el mismo programa es vendido una y otra vez a administraciones similares, aplicando en cada nuevo caso los costes que habría supuesto hacer el desarrollo desde cero. Por ejemplo, ¿cuántos ayuntamientos con necesidades informáticas similares pagan por un software que ya ha sido pagado por otro? ¿Por qué no se consideran soluciones libres al menos en parte de estos ámbitos?
Un consorcio de administraciones públicas con necesidades de un cierto software a medida podría exigir que el resultado obtenido fuera software libre. Esto permitiría que otras administraciones se beneficiasen también del trabajo, y a medio plazo estuvieran interesadas en colaborar en el consorcio para que se tuvieran en cuenta sus necesidades peculiares. Al ser el software resultante libre, no habría obligación de contratar las mejoras y adaptaciones al mismo proveedor, introduciendo de esta forma competencia en ese mercado (que hoy por hoy es casi cautivo). Y en cualquier caso, el coste final para cualquiera de las administraciones implicadas no sería nunca mayor que si se hubiera utilizado un modelo propietario. ¿Qué se puede perder?
Cuidado con lo que se promueve
Cuando una entidad pública promueve cualquier tipo de plan que incentiva el gasto en informática es conveniente estudiar con mucho cuidado sus implicaciones. Por ejemplo, no es muy buena idea promover el uso de Internet en la sociedad de una forma que fomente hasta la exageración un determinado monopolio, que a la larga será perjudicial para todos (salvo para la empresa monopolística, claro).
Éste es desgraciadamente un caso muy habitual. Con buenas intenciones, la clase política decide invertir recursos en ayudar a un determinado sector a que se modernice. Se crean programas de exención de impuestos por determinadas compras, se realizan adquisiciones masivas de hardware y software para escuelas, etc. Pero raramente se diseña con cuidado la iniciativa, teniendo en cuenta todas sus implicaciones. Por ejemplo, no se suele considerar que la misma cantidad de dinero se puede usar en comprar una cierta cantidad de licencias de un programa propietario, o en adquirir una copia de uno libre, y contratar soporte o adaptaciones para él. Así, en lugar de modernizar la sociedad, se fomenta la compra de ciertos productos, desincentivando la de otros que habrían producido más beneficios en la sociedad.
¿No es razonable estudiar el gran potencial que tiene el software libre en este tipo de iniciativas? Por ejemplo, imaginemos por un momento que parte de la cantidad destinada a un programa de informatización de escuelas se dedica a crear una distribución de GNU/Linux adaptada a las necesidades de la docencia en enseñanza primaria. Y con el resto de los recursos, se contrata soporte para que el software sea mantenido en esas escuelas, de forma que no sea un simple software florero, sino que realmente haya gente encargada de su correcto funcionamiento. Así se cubren no sólo las necesidades del sistema educativo, también se genera un mercado para empresas, habitualmente de ámbito local, capaces de ofrecer servicios de mantenimiento. Y por supuesto, se deja completamente abierto el camino al futuro: el software no quedará obsoleto en pocos años, obligando a comenzar desde cero, sino que se podrá ir actualizando incrementalmente, año a año, manteniendo los beneficios del programa con una inversión similar.
Si pagamos, los resultados han de estar a nuestra disposición
El caso del dinero que las entidades públicas dedican a fomentar la investigación es especialmente sangrante. Con nuestros impuestos se está construyendo gran cantidad de software del que no nos vamos a beneficiar ni siquiera indirectamente. Habitualmente, los programas públicos de fomento de la investigación y desarrollo financian total o parcialmente proyectos que crean programas sin atender a qué derechos va a tener el público sobre ellos. En muchos casos los resultados, sin un plan adecuado de comercialización, simplemente quedan en algún cajón, cubriéndose de polvo. En otros, las mismas personas que financiaron un programa vía impuestos acaban pagándolo de nuevo si lo quieren usar (ya que tienen que adquirir licencias de uso).
¿No sería más razonable que los programas resultado de la investigación financiada con fondos públicos estuvieran disponibles para el público? Especialmente en los casos donde la investigación es precompetitiva (lo más habitual en los casos de financiación pública) esto permitiría que la industria europea del software se beneficiase enormemente. Donde una empresa sólo ve un resultado de imposible comercialización, otra puede ver una oportunidad de negocio. Así, por un lado, se maximizan los resultados de los programas de investigación. Y por otro, se favorece la competencia entre las empresas que quieran utilizar los resultados de un proyecto, ya que todas ellas competirán a partir de los mismos programas resultado del proyecto.
Este modelo no es nuevo. En gran medida, es el que ha permitido el desarrollo de Internet. Si las administraciones públicas exigen que los resultados de la investigación realizada con sus fondos sean distribuidos en forma de programas libres, podemos ver aparecer casos como el de Internet en cada esquina. O bien los resultados de esas investigaciones son malos o inútiles (y en ese caso debería replantearse la forma de selección de los proyectos), o bien la dinamización que supondría dejarlos listos para que cualquier empresa pueda convertirlos en producto permitiría desarrollos sencillamente impredecibles.
Aún no se puede concluir...
Normalmente al final de un artículo se escriben unas cuantas conclusiones. Pero en este caso no lo voy a hacer. Porque sólo el tiempo permitirá escribirlas. Hoy por hoy, lo único que podemos hacer es exigir, como contribuyentes que somos, que se de una oportunidad al software libre en la administración pública. Tenemos mucho que ganar, y es difícil perder algo. En el mejor de los casos, dentro de unos años se percibirá una revitalización del sector informático, con nuevas empresas por toda la geografía, con mejores servicios para los ciudadanos, y con un gran efecto multiplicador. En el peor caso, probablemente las cosas estarán mejor que ahora...
Pero para conseguir estos beneficios harán falta gestores públicos que se animen a hacer las cosas de una forma nueva. Políticos y funcionarios que se atrevan a plantearse cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Y empresas y empresarios que estén a la altura del reto.
Así pues, la cuestión es: ¿tenemos de esto?
Notas a pie de página
- ...off-the-self1
- Nota del editor: literalmente de la estantería, como si el software se pudiera adquirir en un supermercado al igual que cualquier otro producto de consumo masivo.